En la antesala del Día Internacional de las Mujeres Rurales (establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 62/136), la industria minera radicada en el Noroeste Argentino (NOA) atraviesa una profunda transformación en sus estrategias de relacionamiento comunitario y compras locales. La histórica práctica corporativa de abordar el desarrollo de las comunidades originarias mediante iniciativas asistenciales de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como talleres esporádicos de hilado, donaciones escolares o ferias testimoniales desvinculadas de la operación ha dejado de ser un modelo admisible.
En 2026, con proyectos de litio en fase de expansión comercial en los salares de la Puna y yacimientos de cobre de escala mundial ingresando en etapas avanzadas de ingeniería y construcción bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la incorporación de proveedoras y trabajadoras de comunidades originarias se ha transformado en un requerimiento operativo ineludible.
Esta evolución no responde a una postura retórica de relaciones públicas, sino a la convergencia directa entre tres fuerzas regulatorias y de mercado:
- El marco legal de Compre y Empleo Local del NOA (encabezado por la Ley Provincial N° 8.164 de Salta y los regímenes análogos de Jujuy y Catamarca), que impone porcentajes obligatorios de contratación de mano de obra y servicios locales en las áreas de influencia directa.
- Las exigencias de Debida Diligencia en Derechos Humanos y Cadenas de Suministro Responsables fijadas por las Directrices de la OCDE, la Norma de Desempeño 2 (PS2) y 7 (PS7) de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y los Principios Rectores de la ONU.
- El escrutinio de los compradores globales de minerales críticos, quienes bajo regulaciones internacionales como el Reglamento Europeo de Baterías (*EU Battery Regulation*) y directivas de debida diligencia corporativa (CSDDD) exigen trazabilidad social completa desde el pozo o salmueral hasta el producto final.
Ignorar esta transición o relegar a las mujeres de la Puna a roles decorativos no solo destruye la legitimidad territorial de un proyecto minero: configura un riesgo de incumplimiento contractual frente a compradores internacionales, alimenta la conflictividad comunitaria en los accesos viales y erosiona la Licencia Social para Operar (SLO).
- El mandato normativo e internacional: OCDE, IFC PS2 y las leyes de Compre Local en el NOA
La transformación del desarrollo comunitario en un pilar de gobernanza técnica se apoya en un entramado normativo articulado en tres niveles:
A. Las Leyes Provinciales de Compre Local Minero (Marco NOA)
En el plano subnacional, la Ley Provincial N° 8.164 de Salta (Régimen de Promoción y Creación del Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras) establece de manera taxativa que las operadoras mineras y sus contratistas principales deben priorizar la contratación de proveedores inscriptos radicados en la provincia, otorgando una preferencia especial y excluyente a los radicados en el departamento donde se asienta el yacimiento (en el caso de la Puna salteña, el Departamento Los Andes: San Antonio de los Cobres, Olacapato, Pocitos, Tolar Grande, Santa Rosa de los Pastos Grandes).
Disposiciones similares operan en Jujuy y en Catamarca (donde se establecen pisos mínimos de hasta el 70% u 80% de contratación de mano de obra local y preferencias tarifarias para empresas provinciales). Sin embargo, cuando se desagregan los padrones de contratistas locales, la participación de microempresas y cooperativas lideradas por mujeres de comunidades originarias históricamente ha sido marginal, limitándose a proveedurías menores o servicios de baja agregación de valor. La auditoría provincial y social de 2026 ya no mide solo la razón social del proveedor: evalúa la equidad distributiva del gasto minero en el territorio.
B. La Guía de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables y Principios Rectores ONU
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable y su *Guía de Debida Diligencia para la Gestión Responsable de Cadenas de Suministro* imponen la obligación de identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos reales y potenciales en derechos humanos sobre poblaciones vulnerables. Las mujeres en entornos rurales aislados sufren un doble impacto desproporcionado ante el desarrollo extractivo: la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado frente a la ausencia de los jefes de hogar empleados en faena y la exclusión de las decisiones económicas y rentas del proyecto. La debida diligencia de la OCDE exige expresamente medidas activas de mitigación que aseguren que los beneficios económicos alcancen a las mujeres rurales y de pueblos originarios.
C. Normas de Desempeño de la IFC (PS1, PS2 y PS7)
Para los proyectos que estructuran financiamiento bancario internacional o garantizan fondos multilaterales:
- Norma de Desempeño 1 (PS1 – Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Socioambientales): Exige que el proceso de consulta previa y participación comunitaria desagregue las opiniones y demandas por género, garantizando espacios seguros e independientes para que las mujeres de comunidades originarias expresen sus prioridades productivas.
- Norma de Desempeño 2 (PS2 – Trabajo y Condiciones Laborales): Prohíbe la discriminación laboral directa o indirecta, obliga a brindar igualdad de oportunidades y exige condiciones de trabajo seguras y dignas, incluyendo políticas explícitas contra el acoso y la violencia basada en género (VBG).
- Norma de Desempeño 7 (PS7 – Pueblos Indígenas): Mandata el respeto de la identidad, las tierras ancestrales y la cosmovisión comunitaria, alineada con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (ratificado por Argentina mediante Ley Nacional N° 24.071), demandando que los beneficios compartidos del desarrollo minero incluyan proyectos autosustentables gestionados por las propias comunidades.
- Cuellos de botella en la Puna: Por qué las contratistas comunitarias fracasan en la homologación tradicional
Diseñar un programa de desarrollo de proveedoras locales en la alta cordillera (entre 3.700 y 4.500 msnm) exige comprender las restricciones estructurales del territorio. Exigir a una cooperativa o microempresa de San Antonio de los Cobres o Antofagasta de la Sierra los mismos requerimientos administrativos que a una multinacional de servicios industriales es una forma velada de exclusión.
En nuestras auditorías de cadena de suministro en el NOA, identificamos cuatro barreras operativas críticas:
A. El desfasaje de capital y los términos de pago corporativos
Una gran empresa minera suele liquidar sus facturas a 60, 90 o incluso 120 días fecha de emisión. Para una empresa de catering, lavandería o transporte liderada por mujeres de una comunidad puneña, ese plazo representa la quiebra inmediata: deben pagar salarios quincenales, adquirir combustible al contado y comprar materias primas frescas semana a semana. Sin esquemas de pronto pago o fondos fiduciarios de capital de trabajo, la pyme local colapsa en el tercer mes de operación.
B. La brecha de homologación en Calidad y Seguridad (EHS)
Los estándares de seguridad en la minería de litio y cobre son de máxima exigencia: procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO), hojas de seguridad de sustancias químicas (FDS), protocolos de manejo en alta montaña y certificaciones de inocuidad alimentaria (BPM/HACCP). Si la operadora se limita a entregar un pliego de licitación de 80 páginas y rechaza la oferta por falta de manuales formales de EHS, el Compre Local se reduce a una quimera. La verdadera debida diligencia exige que el departamento de Sostenibilidad y Cadena de Suministro de la minera acompañe a la proveedora en el cierre progresivo de brechas.
C. Las condiciones de habitabilidad y protocolos de género en campamento
El trabajo minero a más de 4.000 msnm opera bajo regímenes de rotación intensivos (14×14, 10×10 o 7×7). En faena, las trabajadoras y proveedoras locales a menudo encuentran campamentos diseñados bajo patrones del pasado: módulos habitacionales sin sanitarios diferenciados, falta de elementos de protección personal (EPP) adaptados ergonómicamente a la anatomía femenina y ausencia de canales confidenciales e independientes para la radicación de denuncias de acoso laboral o violencia basada en género. Adecuar la infraestructura de campamentos y capacitar a las brigadas de seguridad es una condición previa irrenunciable para sostener el empleo femenino en altura.
- Del cupo a la competitividad: La metodología de ESG Consulting S.A.S. para el desarrollo de contratistas locales
Para superar el asistencialismo y blindar la licencia social con rigor técnico y económico, ESG Consulting S.A.S. implementa un modelo de cuatro etapas estructurado para operadoras mineras y contratistas principales en la Puna:
Este enfoque estructurado genera beneficios tangibles en tres dimensiones clave:
- Blindaje de la Licencia Social para Operar (SLO): Cuando las familias de la comunidad constatan que los ingresos generados por la minería fluyen de manera directa y tangible a las economías domésticas a través de las mujeres —quienes reinvierten estadísticamente más del 80% de sus recursos en educación, nutrición y salud comunitaria—, la predisposición al bloqueo de rutas o litigio judicial disminuye drásticamente.
- Cumplimiento y Descompresión Regulatoria: La presentación de reportes respaldados por auditorías técnicas ante las Secretarías de Minería provinciales (Salta, Jujuy, Catamarca) demuestra cumplimiento cabal de los planes sociales del IIA/RBIIA y de los mandatos de las leyes de Compre Local, evitando observaciones o demoras en la renovación de la DIA.
- Resiliencia Operativa y Reducción del Costo Logístico: Desarrollar proveedores locales confiables a la vera de la mina para provisión de víveres frescos, servicio de lavandería de alta eficiencia, transporte liviano y remediación ambiental reduce la dependencia logística de centros urbanos lejanos (como Salta Capital o San Salvador de Jujuy, a más de 300 km), minimizando la huella de carbono de la cadena de suministro (GEI Alcance 3) y garantizando continuidad ante cortes climáticos de ruta.
Conclusión: La equidad en la cadena de valor como seguro de continuidad de negocio
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la minería argentina debe consolidar una mirada madura sobre su inserción en el territorio. El desarrollo de proveedoras locales y la inclusión laboral femenina en las alturas de la Puna ya no pueden gestionarse como un apéndice de prensa o un acto de filantropía corporativa.
Constituyen una exigencia técnica y de debida diligencia de primer orden. En un mercado global donde cada tonelada de carbonato de litio o concentrado de cobre debe demostrar un origen ético, transparente y respetuoso de las comunidades anfitrionas, la integración real de las mujeres de la Puna en la matriz de compras no es un costo de responsabilidad social: es la mayor garantía de sustentabilidad, paz social y continuidad operativa de la industria minera.
Desde ESG Consulting S.A.S., colaboramos con las compañías mineras y grandes contratistas en el diagnóstico socioproductivo, el diseño de programas de compras inclusivas y la auditoría de debida diligencia en territorio, transformando los compromisos sociales en indicadores auditables y valor económico compartido.