La licencia social suele tratarse como un tema intangible, cuando en realidad es uno de los rubros más subestimados del presupuesto. Cada bloqueo de camino, paro o conflicto prolongado se traduce en días de producción perdidos, costos adicionales y riesgos legales.
Para que la alta gerencia tome decisiones informadas, es necesario construir un modelo de costo del conflicto. Esto incluye: producción diaria no realizada, costos de stand-by de contratistas, penalidades contractuales, desvíos logísticos, gastos legales y de seguridad, además del impacto en la reputación y en la moral interna.
Con esa base, la inversión en relacionamiento comunitario, mecanismos de quejas efectivos, programas de desarrollo local o monitoreo participativo deja de justificarse con argumentos morales y pasa a defenderse con retorno sobre la inversión (ROI). Es mucho más fácil aprobar un programa cuando se muestra que un solo evento de conflicto evitado paga varios años de presupuesto social.
La gestión avanzada de licencia social también implica sistemas de alerta temprana basados en datos: seguimiento de quejas, percepción comunitaria, narrativas en redes, cambios en liderazgos locales. El objetivo no es “apagar incendios”, sino reducir la probabilidad de que aparezcan focos críticos.
Cuando se cuantifica el cost of conflict y se vincula a KPIs de negocio, la licencia social deja de ser un apéndice y se convierte en una variable explícita del modelo financiero del proyecto.
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