En estos dos últimos años, en un proyecto de gran envergadura en la Puna, me enfrenté a un desafío que muchos gerentes ambientales y de permisos conocen bien: la permisología. Distintos pedimentos, cada uno con su propio Informe de Impacto Ambiental (IIA), implicaban duplicar esfuerzos técnicos, multiplicar documentación y destinar recursos que podían usarse de forma más eficiente.
Con la entrada en vigencia del Decreto 7751-DEyP/2023 de Jujuy, ese escenario cambió. La norma, que reglamenta la Ley General del Ambiente de Jujuy , no es solo una actualización administrativa: es un rediseño del sistema de control ambiental en minería y proyectos industriales de la provincia.
Claves técnicas del Decreto 7751-DEyP/2023
🔹 Unificación de IIAs
El decreto habilita a unificar informes para varios pedimentos de un mismo titular, siempre que se compartan ubicación, procesos y cronogramas. Esto reduce duplicidad administrativa y permite planificar ambientalmente el proyecto como un todo integrado.
🔹 Visión de sostenibilidad transversal
La norma incorpora criterios explícitos de eficiencia en el uso de recursos hídricos, gestión de residuos y relacionamiento comunitario. No solo pide cumplir con la legislación, sino demostrar un compromiso medible y verificable con la sostenibilidad.
🔹 Tableros de control y trazabilidad
Se establece la obligación de monitorear y reportar indicadores de desempeño ambiental y social. Esto convierte al EIA en un sistema vivo, que se asemeja más a un estándar ISO 14001 o incluso a prácticas IRMA, donde la trazabilidad y el control continuo son tan importantes como la aprobación inicial.
🔹 Participación comunitaria fortalecida
El decreto otorga mayor relevancia a la consulta y participación de comunidades locales como parte de la legitimidad del proceso. Esto refuerza el concepto de licencia social como condición de continuidad operativa.
Del campo a la norma: lecciones prácticas
La experiencia mostró que consolidar la información ambiental en un solo documento redujo tiempos, simplificó el relacionamiento con la autoridad y generó mayor coherencia técnica.
Con el 7751, esa práctica ya no es un valor agregado voluntario: es un derecho regulatorio que, bien aplicado, puede reducir costos de gestión en un 30-40% y aumentar la certeza en los plazos de aprobación.
Lo mismo ocurre con los tableros de control. Implementar indicadores de consumo de agua y energía no solo responde a un requisito normativo, sino que permite detectar ineficiencias internas que luego se tradujeron en ahorros económicos significativos.
Conclusión: de la norma a la estrategia empresarial
El Decreto 7751-DEyP/2023 convierte la permisología en un instrumento estratégico de sostenibilidad y eficiencia. Para la industria minera, no se trata de cumplir por obligación, sino de integrar este marco en la planificación operativa y financiera.
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