En un contexto global marcado por el avance de regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la industria minera se encuentra ante un punto de inflexión: adoptar sistemas robustos de diligencia debida en sostenibilidad no solo es una exigencia normativa inminente, sino una estrategia competitiva esencial.
La reciente Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD) marca un antes y un después en la forma en que las empresas –incluyendo las mineras que operan en Latinoamérica y exportan a Europa– deben abordar sus impactos en derechos humanos, medioambiente y gobernanza. Aunque inicialmente se aplicará a grandes corporaciones, sus implicancias alcanzarán también a pequeñas y medianas empresas de la cadena de suministro. En el caso de la minería, esta cadena incluye contratistas, comunidades, proveedores de servicios y logística, entre otros actores clave.
¿Qué exige la CSDDD y cómo impacta en la minería?
La CSDDD obliga a las empresas a integrar la diligencia debida en sus sistemas de gestión, identificando, previniendo, mitigando y remediando impactos negativos a lo largo de toda la cadena de valor. Para el sector minero, esto se traduce en responsabilidades más allá del cumplimiento ambiental tradicional:
- Evaluación y gestión de riesgos ambientales y sociales desde la exploración hasta la comercialización.
- Planes de transición climática alineados con el Acuerdo de París, lo que implica repensar modelos energéticos y eficiencia operativa.
- Sistemas de monitoreo y rendición de cuentas, que aseguren transparencia y trazabilidad desde el sitio de extracción hasta el consumidor final.
- Mecanismos de participación y reclamo para comunidades y trabajadores, que garanticen el respeto a los derechos humanos, incluyendo el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en pueblos originarios.
Más allá del cumplimiento: una oportunidad para crear valor
La minería responsable que integre la diligencia debida en sostenibilidad se verá beneficiada con:
- Acceso preferencial a financiamiento verde y fondos internacionales para proyectos sostenibles.
- Mejora en reputación y licencia social para operar, fortaleciendo relaciones con comunidades, inversores y reguladores.
- Reducción de riesgos operativos y legales, incluyendo litigios, sanciones o bloqueos sociales.
- Alineación con estándares globales como OCDE, Principios Rectores de ONU, GRI, IRMA o ICMM, fundamentales para operar en un mercado global cada vez más exigente.
¿Cómo implementar la diligencia debida en minería?
La Guía de diligencia debida propone un proceso basado en el ciclo de mejora continua (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), aplicable a empresas de cualquier tamaño:
- Evaluar el contexto y riesgos del entorno operativo y social.
- Diagnosticar el punto de partida, incluyendo sistemas de gestión existentes, certificaciones y madurez ESG.
- Definir objetivos claros y realistas, alineados con la estrategia corporativa y los estándares internacionales.
- Mapear e involucrar a los actores clave de la cadena de valor.
- Diseñar e implementar un modelo operativo de diligencia debida adaptado a la realidad minera.
- Monitorear y mejorar continuamente, con foco en la trazabilidad, participación y transparencia.
- Comunicar el desempeño, mediante reportes accesibles y verificables.
Conclusión
La diligencia debida ya no es una opción. Las empresas mineras que aspiran a ser parte de la transición energética global, atraer inversiones sostenibles y operar con legitimidad social deben avanzar hacia modelos de gestión más integrales, proactivos y transparentes.
Adoptar esta perspectiva no solo les permitirá cumplir con normativas emergentes como la CSDDD, sino también posicionarse como líderes en una minería del siglo XXI: ética, resiliente y comprometida con el desarrollo sostenible.
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