Consulta previa y Convenio 169 OIT en la Puna: Trazabilidad documental de actas en la cadena de valor minera

Consulta previa y Convenio 169 OIT en la Puna: Trazabilidad documental de actas en la cadena de valor minera

En el salto de escala que atraviesan los proyectos de litio, cobre, oro y plata en el Noroeste Argentino (Salta, Jujuy y Catamarca) hacia el cierre de 2026, el mayor riesgo de paralización administrativa o judicial rara vez proviene de un parámetro físico-químico aislado en un pozo de monitoreo. En la práctica forense y de *due diligence* de proyectos en la Puna, las medidas cautelares, las objeciones de los comités de crédito internacional y las crisis de licencia social suelen originarse en un eslabón mucho más específico: la debilidad documental en los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI / FPIC) y la desconexión entre los compromisos firmados en las actas comunitarias y la operación diaria de la cadena de contratistas.

En la Argentina, el derecho de los pueblos originarios a ser consultados cada vez que se prevean medidas administrativas o programas de prospección y explotación de recursos naturales en sus tierras posee jerarquía constitucional y supralegal a través del Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante la Ley Nacional N° 24.071. A ese piso jurídico se suman, en el mercado global de minerales críticos de 2026, los filtros de bancabilidad de la Norma de Desempeño 7 de la Corporación Financiera Internacional (IFC PS7) y la obligación de reporte desagregado sitio por sitio del estándar GRI 14: Sector Minero 2024 (Tema Material 14.11: Derechos de los pueblos indígenas).

Sin embargo, al auditar legajos socioambientales en terreno, todavía es frecuente encontrar carpetas donde la «consulta» se reduce a planillas de asistencia de reuniones informativas sin orden del día previo, actas suscriptas sin verificar el mandato vigente de la asamblea comunitaria, o promesas de empleo y contratación local que nunca se trasladaron a los pliegos de las empresas contratistas que ingresan al salar o a la quebrada. Pasar de la relación informal al expediente trazable es hoy una condición indispensable para proteger tanto los derechos de las comunidades como la seguridad jurídica de la inversión.

  1. Por qué una reunión informativa no es Consulta Previa: lo que miran los jueces y los auditores de IFC PS7

El primer error de diagnóstico en proyectos de exploración avanzada, construcción de plantas piloto o ampliación a escala comercial en la Puna consiste en asumir que el cumplimiento formal de la instancia de participación ciudadana de la Ley N° 24.585 (o una visita de relacionamiento comunitario con entrega de folletos) satisface por sí mismo el estándar del Convenio 169 de la OIT y de IFC PS7.

Tanto la jurisprudencia aplicable en el NOA como los auditores socioambientales independientes que evalúan un proyecto bajo los Principios de Ecuador (EP4) y las Directrices de la OCDE verifican cuatro atributos estructurales en cada etapa del proyecto:

  1. Carácter verdaderamente «Previo» por hito operativo: La consulta no es un evento único al inicio del proyecto. Debe activarse antes de que la autoridad administrativa apruebe cada modificación sustancial del perfil de impacto: el paso de prospección a perforación diamantina o bombeo de prueba, la construcción de una planta comercial, la actualización bianual del Informe de Impacto Ambiental (RBIIA) o el trazado de infraestructura conexa (acueductos, líneas eléctricas, gasoductos y variantes viales).
  2. Carácter «Informado» y simetría técnica: Entregar un estudio hidrogeológico o un Plan de Manejo Ambiental de 800 páginas el mismo día de la asamblea invalida el carácter informado del proceso. La trazabilidad exige documentar que la comunidad recibió, con antelación razonable, un resumen técnico riguroso y culturalmente adecuado sobre el balance hídrico, las áreas de exclusión, el manejo de residuos y los impactos esperados, junto con el tiempo necesario para deliberar internamente según sus propias costumbres.
  3. Legitimidad y representatividad institucional: En las cuencas altoandinas de Salta, Jujuy y Catamarca, las comunidades originarias (Kollas, Atacamas, Ocloyas, Diaguitas-Calchaquíes, Tastiles, entre otras) se rigen por estatutos comunitarios y decisiones de asamblea. Un acuerdo firmado de manera aislada sin constancia del acta de asamblea que otorga mandato a las autoridades comunitarias (presidente, comunero o cacique con mandato vigente inscripto ante el organismo competente provincial o nacional) carece de solidez frente a eventuales impugnaciones internas o judiciales.
  4. Buena fe y búsqueda de acuerdo o consentimiento: El Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT establece que las consultas deben llevarse a cabo de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Cuando ese proceso concluye en un Acuerdo de Relacionamiento, Servidumbre o Participación en Beneficios (IBA), el documento pasa a ser una obligación auditable que alimenta directamente el reporte anual bajo el Tema 14.11 de GRI 14.

 

     2. El punto ciego en la Puna: cuando la cadena de contratistas rompe en terreno lo que la operadora firmó en el acta

En nuestra experiencia auditando operaciones y cadenas de suministro en el NOA, la mayoría de los conflictos que derivan en cortes de ruta, reclamos formales en el Mecanismo Operacional de Quejas (OGM) o suspensiones de tareas no se producen porque la empresa minera desconozca el Convenio 169. Se producen porque los compromisos asumidos por la Gerencia de Relaciones Comunitarias quedan guardados en un PDF y no bajan como reglas operativas al gerente de construcción ni a los contratistas (*Tier 1* y *Tier 2*).

  1. Cómo estructurar un legajo de Consulta Previa y Acuerdos Comunitarios a prueba de auditorías en 2026

Para las operadoras mineras y sus contratistas estratégicos en Salta, Jujuy y Catamarca, blindar la gobernabilidad territorial antes del cierre del ejercicio 2026 requiere implementar cuatro prácticas de ingeniería documental:

  1. Dossier Único de Trazabilidad por Comunidad (Expediente FPIC / CPLI): Por cada comunidad del área de influencia directa e indirecta, consolidar un legajo digital y físico auditable que contenga: (a) constancia de personería jurídica y nómina de autoridades vigentes; (b) registro de convocatorias cursadas con antelación suficiente; (c) material técnico entregado en formato comprensible (mapas de huella del proyecto, balance de agua, etapas del IIA/RBIIA); (d) actas de asamblea con firma de autoridades y lista de participantes; (e) registro audiovisual o fotográfico cuando sea consensuado; y (f) dictámenes o intervenciones de la autoridad de aplicación provincial.
  2. Integración de las Actas Comunitarias en la Matriz Maestra de Compromisos (PMAyS): Ningún acta firmada en el territorio puede quedar fuera del sistema de gestión ISO 14001 de la compañía. Cada compromiso asumido en una consulta (desde la frecuencia de un monitoreo participativo de agua o la construcción de una obra de infraestructura comunitaria hasta un cupo de becas o capacitación) debe codificarse con fecha de vencimiento, área responsable, presupuesto asignado y documento de evidencia que acredita su cumplimiento.
  3. Anexo Territorial Obligatorio en Contratos de Proveedores y Contratistas: Incorporar en todos los contratos de perforación, construcción, transporte, mantenimiento y servicios de campamento un *Anexo de Cumplimiento Comunitario y Derechos Humanos*. Ese instrumento obliga al contratista a respetar las actas territoriales vigentes, canalizar toda búsqueda laboral o subcontratación local a través del procedimiento acordado con la comunidad, prohibir negociaciones informales paralelas en el campo y reportar de inmediato cualquier queja o incidente al Mecanismo Operacional de Quejas (OGM) de la operadora.
  4. Verificación Previa de Fin de Año bajo GRI 14 (Temas 14.10, 14.11 y 14.12): Antes de cerrar el ciclo de datos de 2026, auditar sitio por sitio el porcentaje de cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados con cada comunidad originaria, asegurando que lo que se informe al directorio, a los bancos y al público en el Reporte de Sostenibilidad cuente con el respaldo firmado de las actas de recepción o conformidad comunitaria.

 

Conclusión: En la Puna, la licencia social se construye con buena fe en la asamblea y se sostiene con trazabilidad en el contrato

En la minería de litio y cobre de 2026, la confianza entre una operadora y las comunidades originarias del NOA es el activo más valioso y, al mismo tiempo, el más sensible del proyecto. Cuando los procesos de consulta previa se documentan con rigor institucional y cuando cada compromiso firmado en la asamblea se traduce en una regla innegociable para toda la cadena de contratistas, la licencia social deja de ser una variable de incertidumbre para convertirse en la base más sólida de desarrollo local y continuidad operativa.

Desde ESG Consulting S.A.S. acompañamos a las operadoras mineras, empresas exploradoras y contratistas estratégicos en la estructuración, auditoría y trazabilidad de su gestión comunitaria y de cadena de valor en el NOA:

  • Auditoría de Debida Diligencia Socioambiental y Trazabilidad Documental (Convenio 169 OIT / IFC PS7 / GRI 14.11): Evaluación independiente de legajos de consulta previa, validación de matrices de compromisos del Plan de Manejo Social (IIA / RBIIA) y preparación para auditorías de financiamiento internacional.
  • Sistematización de Compromisos Comunitarios e Integración en el Sistema de Gestión (ISO 14001 / PMAyS):Transformación de actas de asamblea, convenios comunitarios y resoluciones de la DIA en tableros de control operativo con indicadores, responsables y evidencias de cierre verificables.
  • Bajada de Estándares Sociales y Territoriales a la Cadena de Contratistas (*Tier 1* y *Tier 2*): Diseño de protocolos de ingreso territorial, cláusulas de cumplimiento comunitario para pliegos de licitación, auditoría de Compre y Empleo Local y capacitación en terreno para cuadrillas operativas.
  • Articulación de Monitoreos Participativos y Mecanismos Operacionales de Quejas (OGM): Diseño y facilitación técnica de instancias de control ambiental bicultural y sistemas trazables de atención temprana de reclamos en toda el área de influencia.

 

¿Sus acuerdos comunitarios y expedientes de consulta previa cuentan hoy con la trazabilidad documental y el control sobre contratistas que exigen los estándares internacionales?

👉 Contacto institucional: [https://esgconsulting.com.ar/contacto](https://esgconsulting.com.ar/contacto)

👉 LinkedIn corporativo: [ESG Consulting S.A.S.](https://www.linkedin.com/company/esg-consulting-s-a-s/)

Compartir En :