La minería opera, muchas veces, en contextos con comunidades indígenas, desigualdad social, debilidades institucionales y cadenas de suministro complejas. En ese escenario, los riesgos de derechos humanos ya no se limitan a la operación directa: incluyen contratistas, seguridad, transporte y proveedores clave.
Un enfoque avanzado comienza con una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (HRIA) que identifique riesgos severos en temas como tierra y territorio, consulta y participación, condiciones laborales, seguridad y uso de la fuerza, salud y ambiente, género y grupos vulnerables. No se trata solo de mapear normas, sino de entender cómo se viven los impactos en terreno.
La debida diligencia debe extenderse a la cadena de valor: cláusulas contractuales específicas, procesos de selección y monitoreo de proveedores, capacitación y protocolos para seguridad privada y pública, mecanismos de quejas accesibles y confiables, y remediación efectiva cuando se confirman vulneraciones.
Para la Alta Dirección, la cuestión clave es doble: por un lado, evitar litigios, sanciones y crisis reputacionales; por otro, demostrar a inversores y clientes que la compañía no solo declara principios, sino que los implementa con sistemas verificables. En un entorno regulatorio donde las leyes de debida diligencia en derechos humanos avanzan, la inacción no es neutral: es un riesgo creciente en el balance.
En ESG Consulting S.A.S. trabajamos con compañías mineras que quieren estar a la vanguardia de la sostenibilidad, transformando marcos ESG y estándares internacionales en decisiones técnicas, indicadores y planes de acción concretos que se integran al negocio, reducen riesgos y fortalecen la competitividad a largo plazo.
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