El cierre de mina representa una de las fases más críticas del ciclo de vida de un proyecto minero, no solo por sus implicancias económicas y técnicas, sino especialmente por sus impactos ambientales, sociales y legales a largo plazo. Su adecuada planificación y ejecución es clave para evitar la generación de pasivos ambientales, reducir los riesgos de contaminación crónica y garantizar una transición justa para las comunidades locales.
Un plan de cierre ambientalmente responsable debe contemplar desde el inicio de la operación minera (en línea con el concepto de “cierre progresivo”) la restauración, rehabilitación y monitoreo post-cierre del entorno natural intervenido. Esto incluye no solo la disposición final segura de residuos y materiales contaminantes, sino también la restauración de ecosistemas, estabilidad física y química de estructuras mineras (como escombreras y diques de colas) y la prevención de procesos como drenaje ácido o lixiviación de metales pesados.
Las mejores prácticas internacionales (ICMM, IRMA, IFC) recomiendan que el plan de cierre sea un documento vivo, actualizado periódicamente, con participación de partes interesadas y validación técnica externa. Entre sus componentes clave se destacan:
- Diagnóstico ambiental base: Línea de base detallada de suelos, aguas, biodiversidad y calidad del aire que sirva como punto de comparación para evaluar la efectividad del cierre.
- Objetivos de cierre claros y medibles: En términos ecológicos (recuperación de hábitats), sociales (uso futuro del sitio) y de salud y seguridad (eliminación de riesgos físicos).
- Cierre progresivo: Rehabilitación de áreas inactivas durante la operación para reducir costos, riesgos y pasivos futuros.
- Modelos de riesgo post-cierre: Evaluación de escenarios probables de deterioro ambiental, incluyendo simulaciones hidrogeológicas y geoquímicas.
- Presupuesto y garantías financieras: Fondos específicos que aseguren la implementación total del cierre, incluso si la empresa cesa operaciones.
Una tendencia creciente es el uso de soluciones basadas en la naturaleza (NbS) para la rehabilitación, como revegetación con especies nativas, restauración de humedales y corredores biológicos, en lugar de intervenciones exclusivamente ingenieriles. Además, la incorporación de criterios de cambio climático en los diseños de cierre (como el aumento de lluvias o eventos extremos) se vuelve indispensable para asegurar la resiliencia a largo plazo.
Desde el punto de vista social, se promueve cada vez más el enfoque de “cierre con transición productiva”, que busca transformar el sitio minero en un espacio con valor post-minería (turismo, agricultura, energías renovables, etc.), involucrando a las comunidades desde la planificación temprana. Esto incluye acuerdos de uso futuro del suelo, capacitación laboral, infraestructura compartida y evaluación de impactos residuales.
El monitoreo post-cierre debe realizarse por períodos que varían entre 5 y 30 años, dependiendo del tipo de minería y del riesgo ambiental. Este monitoreo incluye calidad de agua, estabilidad estructural, biodiversidad y cumplimiento de los indicadores de cierre establecidos en la etapa de diseño.
Finalmente, el cumplimiento de los compromisos de cierre es cada vez más auditado no solo por las autoridades locales, sino también por los inversores, organismos multilaterales y certificaciones voluntarias. En este sentido, un plan de cierre robusto, financiado y socialmente validado no solo mitiga riesgos futuros, sino que puede representar una ventaja competitiva y reputacional clave en un mercado minero en transición hacia la sostenibilidad.
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