El Boletín Oficial de la República Argentina publicó hoy, 16 de noviembre de 2026, el Decreto N° 1366/2026, una reforma reglamentaria de alto impacto sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley N° 27.742 y reglamentado originalmente mediante el Decreto N° 749/2024. Entre los ajustes introducidos en materia de reorganizaciones societarias de Vehículos de Proyecto Único (VPU), plazos de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) e ingreso de divisas, sobresale una modificación con efectos inmediatos sobre las estrategias de abastecimiento de los grandes proyectos de litio y cobre: la redefinición jurídica de qué se entiende por «proveedor local» dentro del régimen nacional.
A través de la sustitución del inciso f) del artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 749/2024, la norma dispone que las personas jurídicas califican como proveedoras locales por el solo hecho de estar constituidas y domiciliadas en la República Argentina, eliminando el criterio previo que atendía a la nacionalidad o residencia de los accionistas o al origen de su capital social. En el caso de provisión de bienes, se mantiene la exigencia de acreditar origen nacional conforme al Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 (ACE N° 18) del MERCOSUR y sus protocolos adicionales, mientras que para personas humanas se requiere domicilio fiscal en el país.
Para las operadoras mineras, los consorcios de ingeniería y las pymes proveedoras de Salta, Jujuy y Catamarca, esta reforma abre un tablero de doble lectura. Si bien amplía el universo formal de contratistas elegibles para computar el compromiso mínimo nacional del RIGI, no deroga ni reemplaza los regímenes provinciales de Compre Local ni resuelve por sí sola la ecuación de la Licencia Social para Operar (LSO) en la Puna.
- Qué cambia concretamente el Decreto 1366/2026 en la arquitectura del RIGI
Hasta ayer, la calificación de proveedor local dentro de la reglamentación del RIGI arrastraba restricciones vinculadas a la composición del capital y residencia de los accionistas, lo que generaba fricciones contractuales cuando un Vehículo de Proyecto Único (VPU) necesitaba contratar servicios especializados de ingeniería, montaje electromecánico, perforación o soluciones tecnológicas provistos por filiales argentinas de grupos internacionales.
Con la publicación del Decreto N° 1366/2026, el Poder Ejecutivo Nacional introduce cuatro definiciones operativas relevantes para la estructuración de proyectos mineros y energéticos:
- Criterio objetivo de radicación societaria para servicios: Toda sociedad constituida y domiciliada en la Argentina que preste servicios a un VPU pasa a ser reconocida como proveedora local bajo el RIGI, con independencia de quién controle su paquete accionario.
- Continuidad de las reglas de origen para bienes: La apertura de capital aplica a la calificación subjetiva de la empresa proveedora, pero la provisión de bienes físicos sigue sujeta al cumplimiento de origen nacional bajo el ACE N° 18 del MERCOSUR, evitando que la mera intermediación comercial de insumos importados compute como integración local.
- Flexibilidad en reorganizaciones societarias y VPU: Se reglamentan los supuestos de transformación de sucursales dedicadas en sociedades anónimas o sociedades anónimas unipersonales (SA / SAU), fusiones y escisiones sin pérdida de la fecha de adhesión ni de los beneficios adquiridos del régimen.
- Fecha límite única para PEELP y trazabilidad de divisas: Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo se ordena el cómputo del monto mínimo global de inversión en activos computables separándolo de los hitos parciales por etapa, y se precisa el ingreso trazable de aportes y endeudamientos externos de socios o vinculadas hacia el VPU.
2. La brecha jurídica y social frente al Compre Local provincial del NOA
El error estratégico más riesgoso que puede cometer una gerencia de Compras o de Asuntos Corporativos tras el Decreto 1366/2026 es asumir que, como una filial con domicilio legal en Buenos Aires o Córdoba ahora califica como «proveedor local» en el expediente nacional del RIGI, la obligación territorial en la Puna queda automáticamente saldada.
Bajo el Artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias conservan el dominio originario de sus recursos naturales y las potestades de policía y promoción sobre su territorio. En esa línea, la arquitectura normativa provincial mantiene exigencias muy distintas al piso federal:
- El caso de Salta (Ley Provincial N° 8.164 y Decreto N° 534/2020): El Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras (artículo 15) exige a las firmas inscriptas acreditar domicilio real, social y fiscal en Salta, contar con al menos un 80 % de nómina laboral domiciliada en la provincia y mantener el 51 % o más del capital accionario en manos de socios con domicilio real o social en territorio salteño. Asimismo, el acceso a beneficios promocionales provinciales y la evaluación socioambiental de proyectos contemplan metas de contratación de proveedores locales inscriptos (del orden del 70 %) y de empleo local (60 % en nómina).
- El debate legislativo vigente en Catamarca y la agenda de Jujuy: En paralelo a la expansión de inversiones bajo RIGI, en la Legislatura catamarqueña ingresaron proyectos orientados a blindar la contratación de pymes locales y reforzar controles territoriales, mientras que en Jujuy las cámaras y mesas de articulación sostienen esquemas prioritarios de contratación comunitaria en departamentos de la Puna.
Para un comisionado municipal o una comunidad originaria en San Antonio de los Cobres, Susques, Tolar Grande o Antofagasta de la Sierra, la diferencia entre una contratista internacional constituida como S.A. en CABA y una pyme puneña sigue siendo abismal. Si el VPU cumple en los papeles el compromiso del RIGI concentrando sus contratos en grandes filiales extraprovinciales, el impacto positivo local se diluye mientras los pasivos cotidianos (tránsito pesado, presión sobre rutas, polvo fugitivo y demanda de servicios) recaen íntegramente sobre el territorio.
- Gobernanza de compras, debida diligencia y transferencia tecnológica bajo GRI 14 e IFC
Lejos de plantear una contradicción insoluble, la coexistencia entre el Decreto 1366/2026 y las leyes de compre provincial ofrece una oportunidad concreta si se gestiona desde una arquitectura de desarrollo de cadena de valor trazable, alineada con GRI 14: Sector Minero 2024 (vigente desde enero de 2026) y las Normas de Desempeño 1 y 2 de la IFC (PS1 y PS2):
- Segmentación de la matriz de abastecimiento (Tier 1 vs. Tier 2 territorial): Utilizar la apertura del Decreto 1366/2026 para atraer contratistas globales de ingeniería compleja y alta tecnología (Tier 1) con presencia societaria en Argentina, pero condicionar sus pliegos licitatorios a esquemas obligatorios de subcontratación, consorcios (UTE) y transferencia de capacidades con pymes inscriptas en los registros de Salta, Jujuy y Catamarca (Tier 2).
- Cláusulas de homologación EHS para subcontratistas locales: El mayor freno para que una pyme del NOA acceda a contratos de gran escala no suele ser la falta de voluntad de la operadora, sino la brecha en estándares de seguridad, higiene, gestión ambiental y trazabilidad documental. Acompañar a los proveedores provinciales en el cumplimiento de ISO 14001, ISO 45001, gestión de residuos peligrosos y seguridad vial de montaña evita accidentes fuera del cerco de la mina sin recurrir al reemplazo por contratistas foráneos.
- Reportabilidad diferenciada en el cierre ESG anual: Bajo el Tema 14.10 (Comunidades locales) y los estándares de impacto económico de GRI, los reportes corporativos deben distinguir con transparencia qué porcentaje del gasto califica como «local nacional (RIGI)» y qué porcentaje corresponde efectivamente a proveedores radicados en la provincia y en las comunidades del área de influencia directa. Confundir ambas métricas en una memoria de sostenibilidad deteriora la credibilidad frente a auditores, inversores y autoridades locales.
Conclusión: La validez legal en el Boletín Oficial no sustituye la legitimidad en la Puna
El Decreto 1366/2026 aporta previsibilidad administrativa y flexibilidad societaria para los grandes proyectos que estructuran su financiamiento bajo el RIGI. Sin embargo, en la industria extractiva argentina, la elegibilidad contable de un contrato no garantiza la estabilidad operativa en terreno. Las operadoras que conviertan esta reforma en un puente para articular tecnología global con pymes salteñas, jujeñas y catamarqueñas debidamente homologadas serán las que protejan simultáneamente su cronograma de obra, su desempeño bajo GRI 14 y su Licencia Social para Operar.
Desde ESG Consulting S.A.S. acompañamos a operadoras mineras, contratistas de ingeniería y proveedores del NOA en la gestión integral de su cadena de valor:
- Diseño de Matrices de Abastecimiento y Trazabilidad de Compre Local: Diferenciación auditable entre métricas federales (RIGI / Decreto 1366/2026) y cumplimiento provincial (Salta Ley 8.164, Jujuy y Catamarca), integrada al reporte anual bajo GRI 14.10 e IFC PS1/PS2.
- Programas de Homologación ESG y EHS para Proveedores Regionales: Diagnóstico de brechas, adecuación a estándares ISO 14001 / ISO 45001, gestión documental de contratistas y capacitación técnica para pymes y emprendimientos comunitarios de la Puna.
- Auditoría Ambiental y de Debida Diligencia en Cadena de Suministro (Tier 1 y Tier 2): Evaluación de cumplimiento normativo, gestión de residuos, logística vial en rutas de altura y cláusulas ESG en pliegos licitatorios.
¿Tu estrategia de compras bajo el RIGI ya distingue entre la elegibilidad formal del Decreto 1366/2026 y la trazabilidad territorial que exigen las provincias y la Licencia Social?
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